Un mensaje falso, una cuenta robada o una estafa en internet pueden parecer problemas aislados, pero detrás de muchas de estas operaciones existe algo más grande.
El cibercrimen ha cambiado. Mientras algunas operaciones digitales tienen objetivos políticos o estratégicos, una parte importante de los ataques actuales busca generar ganancias mediante ransomware, robo de identidad, fraude en pagos, estafas de inversión y el compromiso de correos empresariales. Y ahí es donde la ciberseguridad comienza a cruzarse con el delito financiero.
En América Latina, y particularmente en mercados como México, el crecimiento de la banca digital y los pagos en tiempo real ha aumentado la necesidad de conectar la prevención del fraude con los controles contra el lavado de dinero y otras herramientas de cumplimiento.
Una estafa que comienza en redes sociales, WhatsApp, un correo electrónico o una página falsa puede terminar involucrando cuentas bancarias, transferencias, identidades robadas y redes de personas utilizadas para mover los recursos.
De acuerdo con las estimaciones citadas en el análisis, los costos globales del cibercrimen podrían alcanzar los 15.63 billones de dólares anuales para 2029, una cifra que refleja la dimensión económica que ha adquirido esta actividad.
Para las instituciones financieras, el problema no termina cuando se detecta el fraude. También es necesario identificar qué ocurre con el dinero y si detrás de una operación aparentemente aislada existe una red criminal más amplia.
El crimen organizado también se digitalizó
Las estafas actuales no siempre son obra de una sola persona. Muchas funcionan como verdaderas operaciones organizadas, con diferentes participantes encargados de encontrar víctimas, obtener información, recibir pagos y mover el dinero.
Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y hasta las plataformas de citas pueden convertirse en puntos de contacto para estos esquemas.
La inteligencia artificial generativa añade otra capa de complejidad. Los delincuentes pueden utilizarla para crear mensajes más convincentes, adaptar campañas de phishing a diferentes idiomas y automatizar tareas que anteriormente requerían mucho trabajo manual. Esto permite que las estafas se produzcan a mayor escala y sean más difíciles de identificar.
Del fraude a las sanciones
La relación entre cibercrimen y delito financiero también se refleja en las medidas tomadas por autoridades internacionales.
Las acciones de sanciones dirigidas contra operadores de ransomware, organizaciones cibercriminales y proveedores de servicios ilícitos muestran que las autoridades buscan afectar no solo a quienes realizan los ataques, sino también a quienes ayudan a que las ganancias obtenidas puedan circular dentro del sistema financiero.
Por eso, el cibercrimen dejó de ser exclusivamente un asunto de los equipos de tecnología. También representa un desafío para las áreas encargadas de fraude, cumplimiento, lavado de dinero y sanciones.
La información puede ser una de las claves
Una institución financiera difícilmente puede identificar por sí sola todas las conexiones de una red criminal.
Una misma identidad, dispositivo, cuenta o transacción puede aparecer relacionada con diferentes actividades y organizaciones. Compartir inteligencia de riesgo entre instituciones y sectores puede ayudar a encontrar patrones que serían difíciles de detectar desde una sola base de datos. La idea no es simplemente acumular más información, sino conectar las señales para detectar antes una posible operación ilícita.
Una visión más amplia del riesgo
Ante este escenario, el análisis plantea tres prioridades para las instituciones financieras:
- Incluir el fraude habilitado por ciberseguridad dentro de las evaluaciones de riesgo de delitos financieros.
- Conectar las señales de actividad digital, identidad y comportamiento financiero durante todo el ciclo de vida del cliente.
- Participar en mecanismos confiables de intercambio de información entre instituciones y sectores.
El punto central es que una estafa digital puede tener consecuencias que van mucho más allá de la víctima inicial. Cuando los recursos obtenidos ilegalmente comienzan a circular, el problema también alcanza al sistema financiero.
Por eso, combatir el cibercrimen requiere cada vez más que las áreas de tecnología, prevención de fraude y cumplimiento trabajen de manera coordinada. La amenaza se volvió digital, pero también financiera.